Estudio Impacto Ambiental

¿Cómo tratar el coronavirus en el ciclo del agua?

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A medida que el virus corona se está extendiendo por todo el mundo, los profesionales de tratamiento de agua necesitan saber cómo se comporta este virus en los sistemas de agua potable y aguas residuales. ¿Son suficientes los procesos de filtración y desinfección del tratamiento de agua para la eliminación e inactivación del coronavirus? Según los expertos internacionales, los coronavirus no son una amenaza importante para las aguas residuales y las industrias del agua debido a sus bajas concentraciones en las aguas residuales municipales y la alta susceptibilidad a la degradación en ambientes acuosos.

Los expertos canadienses Nicole McLellan, David Pernitsky y Arthur Umble publicaron recientemente un documento técnico para profesionales de tratamiento de aguas en el sitio web Stantec . Afirman que el virus se puede eliminar fácilmente si los profesionales del tratamiento del agua toman las precauciones adecuadas y las consideraciones de riesgo. El coronavirus (COVID-19) es una nueva variedad de coronavirus como Sars y Mers. Es un virus envuelto y estos virus no sobreviven fácilmente en el agua (como el Adenovirus de Noroen) y pueden eliminarse e inactivarse de manera eficiente.

Antisépticos

Según un artículo científico en The Lancet, existe la posibilidad de transmisión fecal-oral del nuevo coronavirus, especialmente en áreas con falta de saneamiento. Pero los coronavirus son susceptibles a los antisépticos que contienen etanol y desinfectantes que contienen cloro o lejía. Las aguas residuales de los hospitales deben desinfectarse adecuadamente. Las plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben aguas residuales de hospitales y centros de aislamiento que tratan a pacientes con coronavirus, y aguas residuales domésticas de áreas de gran contaminación conocida, pueden tener concentraciones elevadas de virus. Las aguas residuales de estas fuentes deben tratarse mediante una variedad de procesos para reducir los impactos de la contaminación en las aguas superficiales receptoras cercanas.

Uso de productos químicos.

Según los expertos canadienses, el tratamiento secundario de las aguas residuales se acredita con la eliminación del 90% de los virus, aunque estudios amplios sugieren que el nivel de eliminación del virus es muy variable, desde insignificante hasta más del 99%. Debido a esta variabilidad, el proceso principal para la inactivación de virus en el tratamiento de aguas residuales es la desinfección química, como la cloración o la luz ultravioleta.

El tratamiento del agua potable es una barrera efectiva.

Las plantas de tratamiento de aguas superficiales con impactos de aguas residuales aguas arriba son las más susceptibles a tener contaminación por coronavirus en el suministro de agua cruda durante y después de un brote. Los virus están expuestos a varias tensiones potencialmente inactivadoras en las aguas superficiales, incluida la luz solar, productos químicos oxidativos y la depredación por microorganismos. En general, los virus con envoltura son más susceptibles a los desinfectantes comunes del agua potable que los virus sin envoltura, por lo que el tratamiento del agua potable debe ser efectivo.

Pandemia

Según los expertos canadienses, las industrias de tratamiento de aguas residuales y agua potable se enfrentarían a un mayor escrutinio si se produce una pandemia de virus importante. Las empresas de servicios públicos deberían responder rápidamente para minimizar los riesgos laborales y de salud pública según la evidencia disponible. Los efluentes de aguas residuales posiblemente impactarían en la recreación, el riego y las aguas potables. Si bien el tratamiento de aguas residuales reduce los niveles de virus, los virus humanos infecciosos a menudo se detectan en los efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales.

FUENTE: Water News

Al 2030, edificios nuevos deben ser sostenibles

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203 Const verdeSe aprobó el Conpes que incluye este tema y que da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la hoja de ruta para las edificaciones sostenibles en el país, que busca mitigar los efectos negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente y mejorar las condiciones de habitabilidad.

La normatividad –que es una realidad, tras ser sometida a consulta pública entre septiembre y octubre del 2017– se consolidó gracias a la participación de los gremios, la academia y la ciudadanía, que evaluaron el impacto en los diferentes usos de las edificaciones, tanto urbanas como rurales, en sus etapas de desarrollo.

 A esto hay que sumarle la creación de incentivos financieros para su ejecución y mecanismos de seguimiento al 2030, alineándose, de esta forma, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la meta de reducción del 20 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), que surgieron del Acuerdo de París (COP21). De la mano con estas propuestas sugiere un seguimiento a la Nueva Agenda Urbana (NAU).

“La implementación de la política es prioritaria, teniendo en cuenta que no existe una estrategia unificada que consolide acciones en todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, que articule las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad en el sector y que haga seguimiento a los resultados de las acciones implementadas”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.

Sobre el tema, la directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), Cristina Gamboa, destacó que la expedición del Conpes ayudará a materializar la nueva visión en la forma en que se hacen las edificaciones y las ciudades”.

La directiva agregó que la dinámica de este mercado está representada en las construcciones que están en el listado oficial del certificado estadounidense de liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED), que, a marzo pasado, sumaba 351 proyectos.

Aunque no es el único sello verde en el mundo, sí es el que la mayoría de las compañías nacionales utilizan para identificar sus obras como sostenibles. Un dato relevante, si se tiene en cuenta que estos desarrollos representan inversiones por 24 billones de pesos.

Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos son de uso corporativo e industrial, Gamboa también destacó el interés del sector público por complementar la política de vivienda nacional, a través de la incorporación efectiva de los criterios de sostenibilidad, ahora, con un componente para las viviendas sociales y prioritarias, donde hay una apuesta grande del Estado.

Metas de la política

En línea con este desempeño, el documento Conpes establece tres fases de evaluación a corto, mediano y largo plazos: dos años para definir los criterios de sostenibilidad, cinco para la implementación del sistema de seguimiento y control, y, al 2030, la meta es que todas las viviendas nuevas sean sostenibles.

Tras esos objetivos se deben incluir nuevas medidas en la norma referentes a la localización, los materiales y la calidad del ambiente, entre otras, relacionadas con los usos industriales, la vivienda usada y las edificaciones rurales y de interés social. Esta acción –dice el Conpes– estará a cargo del Minvivienda.

Igualmente, con el fin de aprovechar el potencial de ahorro se deben impulsar programas de eficiencia energética para mitigar el impacto en el medioambiente, que surgen del consumo de recursos naturales, la generación de residuos sólidos y las emisiones de GEI.

Incentivos para construcciones ‘verdes’

Actualmente, solo la banca privada ofrece beneficios de crédito hipotecario a usuarios y constructores de inmuebles sostenibles. Sin embargo, en el documento Conpes se establece como estrategia un programa de incentivos financieros por parte de las Instituciones Oficiales Especiales para la construcción y adquisición de edificaciones ‘verdes’.

Dentro de los incentivos financieros, por el lado de la oferta, tanto la Financiera del Desarrollo (Findeter) como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) financiarán con tasas preferenciales, este tipo de proyectos. Por ejemplo, los beneficios podrán extenderse a hogares que opten por proyectos sostenibles y que sean financiados por el FNA.

PDF Borrador Conpes
PDF Hacia una política nacional de edificaciones sostenibles

FUENTE: El Tiempo

Minambiente reglamenta manejo y disposición de residuos de construcción y escombros

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El pasado 28 de febrero de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 472 que reglamenta la gestión integral de los residuos de construcción y demolición, la cual aplica a personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en Colombia.

• En el país se producen más de 22 millones de toneladas de residuos de construcción.
• La meta es lograr que los grandes generadores de residuos aprovechen un porcentaje no inferior al 2% del peso total de los materiales usados en una obra.

153 EcombrosEl Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución que reglamenta la gestión integral de los residuos de construcción y demolición o escombros en el país, para disminuir a las afectaciones generadas en el ambiente tales como la contaminación del aire, el agua, el suelo y el paisaje.

Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

La Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional.

“Adicionalmente, esta norma brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RCD, mediante la implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones de gestión de RCD como los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, en donde se llevarán a cabo la separación y el almacenamiento temporal con las condiciones mínimas de operación. Así mismo, se establecen los criterios ambientales para la localización y operación de los sitios de disposición final de RCD”, explicó el jefe de la cartera ambiental, Luis Gilberto Murillo.

La norma establece un instrumento denominado Programa de manejo ambiental de RCD para seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades ambientales, el cual instaura obligaciones específicas para el gran generador de estos residuos que contempla acciones orientadas a la prevención de la generación de RCD, el aprovechamiento y disposición final,

Otro de los avances de la Resolución, es el establecimiento de metas de incorporación de RCD aprovechables en las obras ejecutadas por los grandes generadores de RCD. Dichas metas son de carácter gradual, con diferentes plazos de cumplimiento dependiendo de tipo de municipio. De acuerdo con la norma la meta consiste en que los grandes generadores de residuos aprovechables de construcción y demolición utilicen un porcentaje no inferior al 2% del peso total de los materiales usados en una obra.

Con el instrumento se busca garantizar un incremento anual del 2% en peso, hasta alcanzar como mínimo un 30% de materiales aprovechables. Los municipios de categoría especial, 1, 2, y 3 asi como los proyectos, obras o actividades generadoras de RCD sujetos a licenciamiento ambiental, deberán dar cumplimiento a las metas a partir del 1 de enero de 2018.

En Colombia, la industria de la construcción consume el 40% de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos. Consume el 60% de los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, en la construcción se desperdicia el 20% de todos los materiales empleados en la obra.

Con esta resolución se hace posible disminuir la demanda de materias primas, además fomentar la generación de empresas gestoras de materiales de construcción y demolición. “Con lo cual nos permite avanzar en nuestras metas de desarrollo sostenible, así como consolidar una alternativa productiva para nuestras comunidades en un escenario de paz”, concluyó el Ministro Murillo.

Lea la resolución completa

FUENTE: Minambiente

Rellenos sanitarios de 321 municipios colapsarán en cinco años, advierte el DNP

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En 167 sitios no autorizados se dispone el 4% de los residuos generados principalmente en ciudades del Caribe y el Pacífico.

En Colombia se producen 11,6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 17%.

El PND establece la meta del 20% al 2018 de aprovechamiento para reducir la cantidad de residuos que van a los rellenos e incentivar el reciclaje.

Se requieren inversiones por $3,3 billones en los próximos 10 años para garantizar el 100% de disposición final adecuada y cerrar brechas de cobertura en recolección entre áreas urbanas y rurales.

Recicladores de oficio deben asociarse para constituirse como prestadores del servicio público de aseo, dice el estudio.

Los Planes de Ordenamiento Departamental deben identificar áreas para infraestructura y habilitar usos del suelo para rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos.

El 80% de los municipios del país no han actualizado sus Planes municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios del país se terminará en cinco años, lo que causará un gran impacto ambiental ante la falta de estrategias de los entes territoriales para buscar una solución de largo plazo a la disposición final de residuos sólidos.

Entre las ciudades, cuyos sitios de disposición final se les agotará su capacidad para recibir residuos están Bucaramanga, Armenia, Manizales y Neiva. Para el caso de Bogotá, al relleno sanitario Doña Juana le queda una vida útil de 7 años.

La alerta sobre la crítica situación que afrontan los rellenos del país fue lanzada por el director del Departamento Nacional de Planeción (DNP), Simón Gaviria Muñoz, al presentar el estudio sectorial de aseo, que hace parte de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, que cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial y el gobierno de España.

Dicho estudio estableció que en el país existen 167 sitios no autorizados donde se dispone el 4% de los residuos sólidos producidos a nivel nacional, principalmente en ciudades del Caribe y Pacífico.

Los departamentos con mayor número de sitios no permitidos para botar los desperdicios son Bolívar (29), Chocó (25), Magdalena (18), Cauca (14) y Nariño (9). Y entre las ciudades principales están Quibdó, Riohacha, Buenaventura, Barrancabermeja y Puerto Asís.

Los colombianos generan 11,6 millones de toneladas de basuras al año, de las cuales solo se recicla el 17% de los residuos y no se hace la separación en la fuente ni la recolección selectiva. En países de la Unión Europea se aprovecha el 67% de los residuos generados.

En el caso de las regiones, 62 sitios regionales que cuentan con autorización reciben el 91% de los residuos que provienen de 803 municipios. La totalidad de los 1.102 municipios del país disponen sus basuras en 360 sitios.

Las brechas de coberturas de recolección entre áreas urbanas y rurales se han ampliado significativamente, revela el estudio del sector aseo: urbana 97,4% y rural 24,1%.
En Colombia se recolecta y dispone en rellenos sanitarios 26.975 toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios. Bogotá es la ciudad donde más se produce residuos, cerca de 6.300 toneladas/día, seguido del departamento de Antioquia (3.260 ton/día), Valle del Cauca (3.072 ton/día) y Atlántico (1.907 ton/día).
“Se estima que en los próximos 10 años la generación de residuos crezca en 20%, por lo que es importante que en los Planes de Ordenamiento Departamental (POD) se tenga en cuenta esta situación y habiliten usos del suelo para construir rellenos sanitarios, sitios de tratamiento y aprovechamiento de residuos en los municipios”, dijo el director del DNP.

Urgen inversiones por $3,3 billones

El estudio sectorial identificó la necesidad de inversiones por 3,3 billones de pesos en los próximos 10 años para ampliar la vida útil de los rellenos, cierre de botaderos, implementar rutas de recolección selectiva y sistemas de aprovechamiento y valorización de residuos.

Dichas inversiones deben ir dirigidas a infraestructura para el tratamiento de residuos, que dinamicen el aprovechamiento y disminuyan la cantidad de residuos dispuestos.

En esa dirección, el Gobierno Nacional en cabeza del DNP está trabajando el Plan Nacional de Residuos Sólidos a 20 años, que permita guiar la política en materia de manejo de residuos.

“Se trata de reducir la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios y aumentar el reciclaje y la valorización de los mismos para alcanzar la tasa de aprovechamiento del 20% de los residuos fijada por el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años”, señaló Gaviria Muñoz.

Para ello se pondrán en marcha acciones orientadas a fortalecer las alianzas para el desarrollo de esquemas inclusivos de reciclaje e impulsar el uso de tecnologías para el tratamiento de residuos diferentes a rellenos sanitarios como aprovechamiento energético, compostaje, tratamiento mecánico biológico, entre otros.

Además, está en proceso de reglamentación la operatividad de los esquemas de aprovechamiento municipales y la implementación de un incentivo para promover la separación en la fuente y el aprovechamiento efectivo de los residuos con el fin de reducir la cantidad que van a los rellenos sanitarios.

El tema de residuos es prioritario dentro de las recomendaciones de la OCDE para el ingreso de Colombia a esa organización de países de buenas prácticas.

El sector residuos contribuye con el 6% para alcanzar la meta de reducción del 20% de emisiones en 2030 en el marco del cambio climático.

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación